Desde hace semanas, cada vez, con más fuerza, son escuchadas informaciones sobre el inicio de reformas profundas en el sector agropecuario de la Isla para dejar atrás la agobiante escasez de alimentos, generadora de tantas calamidades, así como de la alta dependencia del suministro exterior superior al 80,0% del total del consumo de tan estratégicos rubros; mientras, paradójicamente, la superficie agrícola del país en más del 50,0 % está ociosa o semi-utilizada y el área cultivada presenta rendimientos, por lo general, muy bajos.
Este escenario, desde hace años gravoso para la economía y en particular para el nivel de vida de los ciudadanos, se ha tornado más delicado y riesgoso en los últimos tiempos con la acelerada escalada de los precios de muchos alimentos a causa de una variedad de factores, entre los cuales cabe señalar el notable aumento del consumo en populosas zonas del mundo, por la considerable reducción de los niveles de pobreza; el uso de alimentos para la producción de bio-combustibles y la continuada alza de las cotizaciones de los combustibles fósiles, con sus negativos efectos sobre los costos de producción agropecuarios.
Debe reconocerse que si esta medida de entrega masiva de tierra se realizara en condiciones razonables y quizás con vista a otorgar la propiedad de la tierra y el derecho de herencia, podría provocar el auge de la producción agropecuaria en general para beneficio de agricultores, pueblo y Estado. Como derivación de esta reestructuración agraria podrían crearse apreciables excedentes exportables y además contrarrestar la preocupante situación actual del mercado internacional de alimentos, transformándose la actual coyuntura en un elemento positivo para la economía cubana.
De todas formas habrá que esperar los detalles de estas medidas para poder hacer un juicio exacto. No obstante, en principio parecen esperanzadoras, si llegaran acompañadas de libertad para los agricultores para cultivar y comercializar sus cosechas
